El Consejo de Ministros ha aprobado
un Acuerdo por el que se autoriza la resolución
del contrato de concesión (otorgado el 17 de
febrero de 2004 por el Reino de España y la
República Francesa) con el que se realiza el
mantenimiento y la explotación de la Sección
Internacional Figueras-Perpiñán, por
incumplimientos de la concesionaria. Asimismo, con
este Acuerdo se faculta al ministro de Fomento para
la firma de la resolución en nombre del Gobierno
español y conjuntamente con la parte francesa.
La Sección Internacional Figueras-Perpiñán
es la línea ferroviaria que da continuidad
a la línea de alta velocidad Madrid - Barcelona
- Frontera francesa, y tiene una longitud de 44 km
de longitud, de los que unos 20 km discurren por territorio
español, que une las mencionadas ciudades a
través del túnel de Pertús, de
8,3 kilómetros bajo los Pirineos. En la actualidad,
esta línea y todas sus instalaciones son explotadas
por la sociedad TP Ferro.
Adicionalmente, se están realizando los trámites
que permitan mantener en todo momento la explotación,
una vez que TP Ferro no pueda atenderla, entre los
que se incluye la resolución del contrato hoy
autorizada.
Para ello, los administradores de infraestructuras
ferroviarias de España y Francia, ADIF y SNCF
Réseau, constituyeron el pasado 21 de octubre
la empresa Línea Figueras-Perpignan (LFP),
una sociedad anónima conjunta y participada
al 50 por 100 por ambas entidades, que tendrá
su sede social en Madrid y que se encargará,
mediante el correspondiente convenio, de la explotación
y mantenimiento de la conexión ferroviaria,
en el momento en que TP Ferro no pueda atenderla.
Un nuevo fracaso ya anunciado
La rescisión del contrato tiene lugar después
de que el pasado mes de septiembre TP Ferro (sociedad
participada al 50% por ACS y Eiffage), no superara
el concurso de acreedores y se viera abocada a la
liquidación. La banca acreedora no aceptó
el plan que las constructoras plantearon para reestructurar
y abonar la deuda de 557,2 millones de euros que soporta
el túnel, de los cuales 391,5 corresponden
a deuda con los acreedores.
ACS y Eiffage, a través de TP Ferro, se adjudicaron
en 2003 la construcción y posterior explotación
durante cincuenta años de esta infraestructura,
considerada una de las mayores obras de ingeniería
civil, que supuso una inversión de 1.000 millones
de euros. El presupuesto sería cubierto en
un 60% por los gobiernos de España y Francia.
El resto se financiaría a través de
un peaje que pagaría cada tren que hiciera
uso de la infraestructura.
La Sociedad ha achacado su quiebra a los retrasos
acumulados en su puesta en servicio por su tardía
conexión con la red de alta velocidad entre
los dos países (entró oficialmente en
servicio el 19 de diciembre de 2010 pero su conexión
completa a la red de alta velocidad no se efectuó
hasta el 9 de enero de 2013), así como al incumplimiento
de las previsiones de tráfico expresadas en
los pliegos de licitación, que llevaron en
un primer momento a la
modificación de la concesión
en 2010.
La liquidación y rescate de esta infraestructura
tiene lugar después de que ACS y Eiffage hayan
emprendido en los últimos años hasta
tres arbitrajes internacionales para reclamar importantes
reclamaciones económicas a España y
Francia. Uno de ellos fue perdido por las empresas,
el segundo decayó, y el tercero está
aún a la espera de una resolución. La
cantidad reclamada por el administrador concursal
ronda los 450 millones, valor teórico contable
de los activos tras descontar el capital público
invertido.
La rescisión anticipada del contrato podría
suponer para los estados francés y español
hacer frente a la Responsabilidad Patrimonial de la
Administración recogida en el contrato de concesión,
que supondría cubrir estos 450 millones de
euros que se destinarían al pago de los acreedores.
Tras la anulación del contrato con las constructoras,
España y Francia firmarán
en París el próximo lunes el acuerdo
por el que los dos Estados se harán cargo de
la infraestructura.
